El 16 de septiembre de 1955 un golpe de Estado llevado a cabo por parte de las Fuerzas Armadas derrocó al segundo gobierno de Juan Domingo Perón. Comenzaba así una nueva etapa en la historia argentina. A partir de publicaciones institucionales, expedientes del Servicio Penitenciario Bonaerense y archivos hallados en el Departamento Histórico de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, entre otros documentos que conforman esta sección, es posible seguir el rastro de la persecución que la autodenominada Revolución Libertadora desplegó en el plano provincial sobre las primeras legisladoras y la dirigencia peronista bonaerense, los usos y modificaciones del aparato legal que realizó para institucionalizar estas prácticas y el discurso ideológico que construyó para legitimarlas.
El golpe de Estado de 1955 disolvió el Congreso y dispuso la creación de la Junta Consultiva Nacional, presidida por el vicepresidente de facto Isaac Francisco Rojas, e integrada por miembros de diferentes partidos políticos. Se trató de un organismo asesor que funcionó en la sede del Congreso y aunque se expedía acerca de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, no tenía la potestad de dictar leyes ni elevar proyectos propios. El mismo dispositivo se replicó a nivel provincial y municipal. En Buenos Aires, la Junta Consultiva Provincial funcionó desde el 3 de enero de 1956 hasta el 3 de marzo de 1958 en el edificio de la Legislatura bonaerense. Los diarios de sesiones que conforman esta sección informan acerca de los miembros que integraron dicha Junta y el accionar de la misma, desde el 12 de enero de 1956 al 9 de mayo de 1957.
Los archivos del Servicio Penitenciario Bonaerense registran la fecha en que muchas de las legisladoras fueron detenidas y la duración de sus presidios en la cárcel de Olmos, en mayo de 1957. A su vez, aportan datos acerca de los procedimientos de encarcelamiento y los entramados institucionales de la persecución.
Las primeras legisladoras provinciales engrosaron las amplias filas de la dirigencia y militancia peronista que fueron objeto de persecución política tras el golpe de Estado de 1955. Una primera evidencia que surge de los anexos de la Memoria de la Comisión Investigadora Legislativa muestra que las 35 legisladoras fueron investigadas por orden de las nuevas autoridades, y los resultados fueron remitidos al Poder Judicial para la evaluación de la responsabilidad penal. En la mayoría de los casos, las causas fueron remitidas al Juzgado N°5, a cargo de Arturo Campo. Los expedientes hallados en el Departamento Histórico de la Suprema Corte proporcionan información relevante sobre la trayectoria de las legisladoras “investigadas”, la forma y contenido de los interrogatorios y las respuestas, e incluso las resistencias de las dirigentas peronistas a esa persecución. A su vez, en el marco de las “investigaciones” de la Comisión Investigadora Legislativa, el patrimonio de las legisladoras fue recurrentemente pesquisado y sus propiedades allanadas. De la misma procedencia es la causa en la que se investigó al gobernador Carlos Aloé y al jefe de la policía bonaerense José de la Huerta por la presunta entrega de armas a la población, en el periodo que va desde los bombardeos a la Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955 hasta los días posteriores al golpe de Estado de septiembre del mismo año.
En agosto de 1956 la dictadura creó la Central de Inteligencia con dependencia directa de la Jefatura de Policía. Dicho organismo llevó a cabo diversas acciones de inteligencia orientadas al control ideológico de los habitantes de la provincia. Los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires informan acerca de los dispositivos de espionaje y producción de información desplegados sobre las primeras legisladoras a través de los años de proscripción del peronismo.
Tras el golpe de Estado de 1955 las provincias fueron intervenidas. Entre las potestades de los interventores, estaba la de crear una Comisión Investigadora Provincial y subcomisiones dependientes, siguiendo una organización similar a la Comisión Investigadora Nacional. En el caso específico de la Provincia de Buenos Aires llegaron a armarse seis comisiones destinadas a investigar a distintos ministerios, una comisión del Poder Legislativo, 110 comisiones municipales y siete comisiones para el Poder Judicial. Estas comisiones expidieron al menos 4966 sumarios, de los cuales 834 denunciaban el accionar de los gobernadores peronistas, principalmente el de Carlos Aloé, gobernador de la Provincia de Buenos Aires entre 1952 y 1955.
Un momento clave en la persecución al peronismo fue la creación en la esfera de la vicepresidencia de la Comisión Nacional Investigadora, cuya labor se extendió entre el 7 de noviembre de 1955 al 15 de abril de 1956, con la misión de investigar irregularidades y supuestos ilícitos ocurridos durante el gobierno peronista. Para eso, se abrieron comisiones investigadoras a nivel nacional, provincial y municipal, y también algunas específicas en torno a dirigentes e instituciones. Las Comisiones Investigadoras actuaron de hecho como fiscalías acusatorias de dirigentes peronistas y también recogieron denuncias de la población donde se señalaba el accionar de militantes e incluso “simpatizantes” del peronismo. Salvo por el hecho de que no resolvían los casos, asumieron actos jurídicos propios de un juez, incidiendo en la definición de los procesos y en la tipificación de los delitos al momento de remitir los expedientes producidos a distintos juzgados. La regla no consistía en detectar un delito para investigar a sus responsables sino a la inversa: la identificación de la persona en base a criterios persecutorios precedía al encuadre de su conducta presuntamente delictiva. La Comisión Investigadora Legislativa resultó una de las tantas comisiones creadas en la Provincia de Buenos Aires y ocupó un rol central en la organización de la persecución política a las legisladoras provinciales; hacia ella desembocaron las detenciones irregulares realizadas entre septiembre y octubre de 1955 y, en base a los expedientes que produjo entre fines de 1955 e inicios de 1956, se armaron las causas que derivaron en los encarcelamientos de mayo de 1957, y según una tipificación de conducta delictiva ya sugerida por la Comisión: la traición a la patria en los términos definidos por el artículo 227 del Código Penal. La labor de la Comisión permitió también la investigación de los bienes de las legisladoras y auspició allanamientos a la propiedad. Esta Comisión publicó la Memoria de la Comisión Investigadora Legislativa que sintetiza las “investigaciones” realizadas y narra su accionar construyendo un discurso afín al que utilizó la dictadura en el plano nacional para legitimar la persecución política a dirigentes y militantes peronistas.