Nació el 9 de octubre de 1914. Hija de Luis y la española Arelina Isabel Fernández, tenía tres hermanos. Ingresó con seis años a la vida escolar y terminó sexto grado. Luego fue empleada en la fábrica textil “Italar” desde 1941, encargada de la proveeduría. Dirá cuando sea interrogada a fines de 1955 sobre cómo se acercó a la política: “cuando llegó el peronismo me sentí atraída por ese respeto y cuando dijeron en la fábrica que buscaban chicas para presentar a la señora de Perón”, para después agregar que estuvo reunida con otras mujeres junto a Eva y que cree que fue ella misma quien la eligió como candidata. En 1951 la nombraron subdelegada del PPF en una básica de Hurlingham, al cual se habría ligado a través de su trabajo en la fábrica. Trabajó en la fábrica hasta diciembre de 1953, es decir que hubo un tiempo en que era las dos cosas, obrera y senadora. En la fábrica trabajaba hasta las 15 y a la tarde en la legislatura. Allí integró la Comisio´n de Peticiones. A partir de la persecución instaurada con el golpe de Estado de 1955 estuvo presa.
LOCALIDAD: HURLINGHAM
FECHA DE NACIMIENTO: 1914-10-09
PERIODO LEGISLATIVO: 96
CARGO: SENADORA
PARTIDO: PARTIDO PERONISTA
AÑO INGRESO: 1952 |AÑO EGRESO: 1955
Las primeras legisladoras provinciales engrosaron las amplias filas de la dirigencia y militancia peronista que fueron objeto de persecución política tras el golpe de Estado de 1955. Una primera evidencia que surge de los anexos de la Memoria de la Comisión Investigadora Legislativa muestra que las 35 legisladoras fueron investigadas por orden de las nuevas autoridades, y los resultados fueron remitidos al Poder Judicial para la evaluación de la responsabilidad penal. En la mayoría de los casos, las causas fueron remitidas al Juzgado N°5, a cargo de Arturo Campo. Los expedientes hallados en el Departamento Histórico de la Suprema Corte proporcionan información relevante sobre la trayectoria de las legisladoras “investigadas”, la forma y contenido de los interrogatorios y las respuestas, e incluso las resistencias de las dirigentas peronistas a esa persecución. A su vez, en el marco de las “investigaciones” de la Comisión Investigadora Legislativa, el patrimonio de las legisladoras fue recurrentemente pesquisado y sus propiedades allanadas. De la misma procedencia es la causa en la que se investigó al gobernador Carlos Aloé y al jefe de la policía bonaerense José de la Huerta por la presunta entrega de armas a la población, en el periodo que va desde los bombardeos a la Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955 hasta los días posteriores al golpe de Estado de septiembre del mismo año.