En un viernes con intensa labor legislativa de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados, las y los legisladores analizaron y unificaron distintos proyectos de ley vinculados con la protección de las y los consumidores, con especial atención en las situaciones de sobreendeudamiento, las operaciones de crédito y financiación, los servicios financieros y las prácticas abusivas de cobranza.
En primer término, en la Sala 30 del Palacio Legislativo, fue la comisión de Derechos del Usuario y el Consumidor, presidida por el diputado Diego Nanni, la que realizó su reunión conjunta con Legislación General, encabezada por Ruben Eslaiman.
Allí, fueron unificados los proyectos presentados por las diputadas Ana Luz Balor y María Noelia Saavedra, y los diputados Juan Ariel Archanco y Juan Martín Malpeli, orientados a fortalecer el marco de protección establecido por la Ley 13.133 y a establecer herramientas específicas frente al endeudamiento de consumo, el endeudamiento digital y las cobranzas abusivas. Esta unificación luego fue aprobada en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia y luego en Presupuesto e Impuestos.
Esta iniciativa propone modificar la mencionada ley —Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios— a partir de tres ejes centrales: la protección durante la contratación y ejecución de créditos, la regulación de la publicidad y promoción de productos crediticios y la prevención del sobreendeudamiento mediante información y educación financiera.
La propuesta plantea fortalecer el derecho de las personas a contar con información clara, transparente y comprensible antes y durante la contratación de un crédito. En este sentido, busca que las entidades prestadoras informen de manera precisa las condiciones de financiamiento, las tasas aplicables y las consecuencias derivadas de la contratación, evitando cláusulas abusivas y situaciones que dificulten la previsibilidad para quienes acceden a un crédito.
El proyecto también incorpora las transformaciones producidas por el avance de las nuevas tecnologías y el crecimiento del uso de billeteras virtuales y plataformas digitales. En ese marco, plantea que las decisiones automatizadas vinculadas con el otorgamiento de créditos sean explícitas y contempla la posibilidad de solicitar una revisión humana de esas decisiones.
Otro de los aspectos centrales es la posibilidad de revisar las condiciones de los créditos cuando se produzcan modificaciones significativas en la situación económica de la persona deudora o en el contexto macroeconómico. La propuesta contempla mecanismos de diálogo y acuerdo con las entidades prestadoras, con la intervención del órgano de aplicación de la normativa, con el objetivo de prevenir situaciones de sobreendeudamiento y evitar que las familias lleguen a escenarios de difícil resolución.
En relación con la publicidad y la promoción de créditos, la iniciativa busca establecer mayores niveles de transparencia y evitar comunicaciones que puedan inducir a confusión. El proyecto pone especial atención en aquellas promociones que presentan la disponibilidad inmediata de dinero sin explicar con claridad que se trata de una operación crediticia, así como en las publicidades que destacan únicamente el valor de una cuota o la facilidad de acceso sin brindar información suficiente sobre las condiciones generales del financiamiento.
El tercer eje está orientado a la información y educación financiera, entendida desde una perspectiva de derechos. La propuesta plantea generar herramientas para que las y los consumidores conozcan sus derechos al momento de contratar un crédito, sepan cómo ejercerlos y puedan acceder a mecanismos que favorezcan acuerdos y contratos más transparentes con las entidades prestadoras.
En el mismo sentido, se unificaron los proyectos de las diputadas Ana Luz Balor y Silvina Vaccarezza, referidos a la prohibición del hostigamiento y el trato indigno en los reclamos extrajudiciales de deuda y a la protección de las personas en situación de sobreendeudamiento.
También sobre la misma temática, se unificaron las iniciativas impulsadas por los diputados Leonardo Moreno y Juan Martín Malpeli, que propusieron modificaciones a la Ley 13.133 para establecer un régimen general de protección de los intereses económicos de las y los consumidores sobreendeudados y crear un régimen judicial de reestructuración de deudas de consumo.
Finalmente se aprobó el expediente del diputado Facundo Tignanelli, que solicita crear el Régimen Provincial de Prevención y tratamiento del sobreebdeudamiento de consumidores. El fin es que la Defensoría acompañe a las personas sobreendeudadas de la Provincia, dejando de negociar cada deuda aisladamente y analizar la situación económica integral de la persona, evitando que un acuerdo con un acreedor haga imposible cumplir con los demás. También favorecer la conservación del crédito y el cumplimiento posible de las obligaciones, prevenir prácticas abusivas en el otorgamiento, administración y cobranza de créditos; disminuir la judicialización; y garantizar condiciones dignas, transparentes y no abusivas de cobranza. Luego este expediente siguió su aprobación en las comisión de Presupuesto e Impuestos.
El sobreendeudamiento, la gran preocupación
La Comisión de Presupuesto, que preside el diputado Juan Pablo de Jesús, aprobó los proyectos de Ley relacionados al sobreendeudamiento y morosidad en las familias bonaerenses, y que habían sido aprobados previamente en la reunión conjunta de Legislación General y de Derechos del Usuario y el Consumidor.
En este marco, avanzaron dos proyectos que declaran la preocupación y el pedido de medidas para las familias sobreendeudadas, de autoría del legislador Marín Rozas. Y una segunda iniciativa, del diputado Avelino Zurro, que declara la preocupación por el deterioro de la situación financiera y endeudamiento de familias en la Cuarta Sección Electoral.
Por último, las y los diputados aprobaron el proyecto de Ley para modificar el decreto 7603/70 “Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia de Buenos Aires", con el objetivo de darle mayor capacidad.
Actualizaciones para el Tribunal de Apelaciones
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, bajo la presidencia de la diputada Lucía Iañez, realizó su reunión ordinaria en la cual logró aprobar la mayoría de los expedientes del cronograma del día.
Uno de los proyectos más relevantes que acompañaron las diputadas y diputados participantes es el que modifica el Tribunal Penal de Apelaciones de la provincia de Buenos Aires, de autoría del diputado Facundo Tignanelli.
El objetivo de la iniciativa es rediseñar la estructura del organismo y actualizar una normativa que tiene más de 55 años de vigencia. La reforma mantiene los nueve miembros del tribunal pero los distribuye en tres salas de apelaciones. Otro de los cambios preponderantes de las modificaciones es la creación de una Tasa de Actuación ante el Tribunal Fiscal de Apelación (TATFABA), un arancelamiento para quienes recurran ante el organismo en controversias impositivas, demandas de repetición o solicitudes de compensación.
Además, se aprobaron otros dos proyectos de Ley destacables que de sancionarse se implementarían sobre la Ley 11.922 Código Procesal Penal de la Provincia: el presentado por la diputada Maite Alvado busca incorporar los incisos 14,15,16 y 17 al Artículo 47°; y el el de la presidenta de la comisión, Iañez, que modifica artículos de esa norma.
El primero tiene como objetivo ofrecer una herramienta para ampliar una ya existente, otorgando la posibilidad de solicitar la recusación del magistrado/a que ha sido sorteado en su causa, cuando la persona considere que sus derechos no se encuentran garantizados y pueden verse amenazados o vulnerados por el/la juez/a que le tocado.
Mientras que el de Lucía Iañez persigue los fines "de lograr el retorno de la obligatoriedad de la audiencia preliminar prevista en el art. 338 del CPP, tras nuevas experiencias y prácticas acumuladas, con nuevas modificaciones de modo que resulte una instancia idónea para alcanzar alternativas al juicio oral en oportunidad temprana", según reza en sus fundamentos.
Declararon ciudades a dos localidades
La Comisión de Asuntos Municipales, que preside el diputado Avelino Zurro, tuvo su reunión ordinaria. Entre la decena de expedientes tratados, fueron aprobados los proyectos de Ley que declaran ciudad a las localidades de Villa Gobernador Udaondo, en el partido de Ituzaingó; y Maquinista Savio, de Escobar.
Además, la mayoría acompañó el proyecto de la diputada Ana Luz Balor que busca modificar el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (Ley N° 13.133), expediente que luego fue aprobado y unificado en la reunión conjunta de las comisiones de Derechos del Usuario y el Consumidor y Legislación General.
