Durante el debate se convirtieron en ley la adhesión a la “Ley Lucio” y  la expropiación del ex Centro Clandestino de Detención “La quinta de los Méndez”, en Tandil. Además se aprobaron y giraron al Senado distintos proyectos vinculados a la protección de las infancias y adolescencias como la regulación del ejercicio profesional de la Puericultura, y el proyecto que establece un cupo laboral para egresados del sistema de cuidados estatal, entre otros. Además, se votó la expropiación de la ex “Fábrica de Sombreros” en Ensenada; y se consintió otorgar el Diploma de Honor al Valor y Arrojo a las enfermeras de Malvinas.

También hubo emotivas palabras de reconocimiento para el dirigente peronista Lorenzo Pepe y el radical Luis “El Gordo” Menucci, ambos destacados referentes de la recuperación democrática recientemente fallecidos.

Obtuvo de esta manera aprobación el proyecto de ley que, tras el trabajo en comisiones, unificó las iniciativas de las diputadas Mariana Larroque y Abigail Gómez para regular el ejercicio de la actividad profesional de la Puericultura como trabajadoras y trabajadores de la salud. El texto establece los requisitos para el ejercicio profesional y, de acuerdo con lo aprobado, quienes ejerzan la profesión con títulos obtenidos previo a la reglamentación de esta ley tendrán un plazo de cuatro años para obtener las equivalencias. “Este no es un proyecto aislado sino que forma parte de un paquete normativo que venimos impulsando con el objetivo de garantizar los derechos de las mujeres y de los bebés desde su nacimiento”, señaló la diputada Larroque. 

También tras la unificación en comisiones de las propuestas de las diputadas Susana González y de Anahí Bilbao, se aprobó el proyecto que establece que el sector público, municipios, empresas subsidiadas y concesionarias de servicios públicos deben ocupar un porcentaje de su personal, no menor al uno por ciento, a jóvenes sin cuidados parentales que hayan egresado del sistema de cuidados estatal y que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. También quedan comprendidas en la normativa aquellas empresas privadas que participen de programas de inserción laboral del Estado. En este sentido, Bilbao explicó que el proyecto “apunta a aquellos adolescentes que, de acuerdo a la ley, a los 18 años y de un día para el otro egresan del sistema y se encuentran en una situación de no tener vivienda, ni trabajo. Son jóvenes que vienen con historias muy difíciles y esta es sólo una herramienta, un pequeño aporte para estos niños que vienen de situaciones de vulnerabilidad y que, si no hacemos algo, enfrentarán la adultez en las mismas condiciones”. Por su parte, González señaló que en la provincia “son unos 250 chicos los que terminan su institucionalización sin autonomía. Esto es apenas una luz para que puedan hacerse un camino en la vida”, sostuvo.

Por otra parte, la Ley Nacional 27.709 de “Creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de los niños, niñas y adolescentes”, conocida como “Ley Lucio”, establece la obligatoriedad de la capacitación continua en la temática de todas las personas que se desempeñen en la función pública, en los tres poderes del Estado. La adhesión a esta norma complementa la ya vigente en Provincia, la N° 15.348 de Buen Trato para niños, niñas y adolescentes “que fue base de la Ley Lucio”, apuntó la diputada Lucía Iañez. La ley consolida los esfuerzos para desnaturalizar las violencias y negligencias que sufren y construir políticas con perspectivas cuidadosas de la niñez  y la adolescencia en la provincia. “Lucio estaría vivo si la corresponsabilidad del Estado hubiera funcionado, si el sistema de promoción y protección hubiese actuado acorde a la normativa. Pero sin Estado va a haber miles de Lucios, si además se siguen desfinanciando las políticas públicas vinculadas a niños, niñas y adolescentes”, subrayó la diputada.

En otro orden, y con el objetivo de crear un Centro de la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos y garantizar la preservación del sitio, se convirtió en Ley la expropiación de “La quinta de los Méndez” impulsada por el ejecutivo. El rol de este espacio dentro del circuito represivo de la última dictadura fue constatado en el marco del juicio por el secuestro y desaparición del abogado laboralista olavarriense Carlos Alberto Moreno, proceso que le valió a los hermanos Emilio y Julio Méndez la primera condena a civiles por su participación en delitos de Lesa Humanidad durante el régimen militar.

También logró consenso la expropiación impulsada por la diputada Susana González del inmueble donde funcionara la antigua “Fábrica de Sombreros” de El Dique, fundada en 1901. Se trata de un complejo de edificios emblema de Ensenada, que ocupan una manzana y cuyo deterioro representa hoy un peligro. Según explicó la legisladora, se busca recuperar la propiedad para la creación de una escuela secundaria y un centro cultural, deportivo, productivo y de esparcimiento para la comunidad. “Lo logramos gracias a la generosidad de muchos legisladores que entienden que el objeto de la expropiación es generar más derechos y demostrar que los impuestos y las tasas que pagamos todos vuelven en servicios a toda la comunidad”, subrayó González.

En tanto el proyecto de la diputada Abigail Gómez que otorga el Diploma de Honor al Valor y Arrojo a las enfermeras que durante la Guerra de Malvinas trabajaron asistiendo a los heridos en el Hospital de la Base Naval Puerto Belgrano fue aprobado por unanimidad. Se trata de setenta mujeres, por entonces de entre 18 y 25 años, que trabajaron incansablemente asistiendo a más de 800 heridos por el conflicto bélico que serán condecoradas.