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EN REUNIÓN CONJUNTA DE COMISIONES SE APROBÓ PROYECTO QUE ESTABLECE UN CUPO LABORAL PARA EGRESADOS DE HOGARES CONVIVENCIALES

La iniciativa será llevada al recinto para ser tratada en la próxima sesión, luego del visto bueno otorgado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, a cargo de la diputada Susana González, y la de Presupuesto e Impuestos, presidida por Juan de Jesús.

Durante el encuentro se unificaron dos expedientes para establecer un cupo laboral en el sector público, en sus tres poderes, municipios, empresas subsidiadas y concesionarias de servicios públicos para aquellos jóvenes que egresen del sistema de cuidados estatal en situación de vulnerabilidad.

Uno de ellos fue presentado por la diputada Susana González y el otro de la diputada Anahí Bilbao, presente en la reunión, que solicita que se incorpore una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal a las y los jóvenes sin cuidados parentales.

Se trata de quienes hayan egresado del régimen de la Ley 13298, que se sancionó en el año 2005 y establece la Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niños, Niñas y Adolescentes. Hoy son aproximadamente mil trescientos jóvenes que se encuentran en situación de adaptabilidad en toda la provincia de Buenos Aires y los que egresaron luego de la sanción de la norma.

Ambos proyectos tienen como fin lograr la igualdad real de oportunidades, para los y las jóvenes sin cuidados parentales, es decir aquellos que se hallen separados de su familia de origen, o de sus referentes afectivos y/o comunitarios y residan en instituciones u hogares.

Muchos adolescentes al cumplir los 18 años no tienen vínculos ni medios económicos para reinsertarse en la sociedad, de esta manera se genera una fuerte desigualdad con el resto de los jóvenes que crecen en eI seno de una familia. Las instituciones que tengan niños, niñas y adolescentes bajo su tutela, deberán entregar a los mismos y al momento de su egreso, una constancia que acredite su condición que será firmada por sus autoridades, a los efectos de ser presentada para acceder a los derechos consagrados.

Por otro lado, se avanzó en el expediente del Poder Ejecutivo -que ya fue aprobado en el Senado- que solicita que se declare de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble propiedad de particulares situado en el partido de Tandil para ser destinado a la construcción, en el plazo de diez años de un Centro de la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos y de un Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos orientado a jóvenes.

Los Centros funcionarán en la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Salud, respectivamente.

En el inmueble, denominado como "Quinta de los Méndez", ubicado en el paraje tandilense de "Los Laureles", funcionó durante algunos años, en el período en el que se desplegó el terrorismo de Estado en nuestro país, un centro clandestino de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) administrado por las fuerzas armadas.