La sesión se inició con un minuto de silencio en conmemoración de José María Fernández, representante de la primera sección electoral por Unión por la Patria, fallecido el pasado domingo 7 de julio. El diputado fue homenajeado por la Cámara a través de su par Rubén Eslaiman, oriundo también de San Martín, quien hizo un repaso de la trayectoria política de Fernández y destacó su compromiso, capacidad de diálogo y trabajo. En su reemplazo se tomó juramento a Ana Luz Balor, oriunda de Tres de Febrero.

El proyecto aprobado de la creación de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) a cargo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, busca mejorar el servicio de emergencias médicas en la provincia cuya fragmentación actual genera limitaciones e inequidades en el acceso a la salud, un uso inadecuado de los recursos y aumento de costos para la provincia y los municipios, entre otras dificultades.

Al respecto, Avelino Zurro explicó “la fragmentación del sistema de salud en la provincia genera que en una localidad en la que un vecino necesita un traslado y quizá el municipio no cuenta con la herramienta, mientras a 50 km hay una ambulancia estacionada, con un médico sentado esperando, y se desaprovecha”. El diputado aseguró, además, que “otro grave  problema que tenemos en la provincia es la enorme transferencia de recursos del sector público al sector privado en cuestiones de salud. Ante un accidente, por ejemplo, es el sistema público el que primero llega a atender la emergencia, y sólo entre el 5 y el 10% de esos recursos que deberían afrontar las obras sociales, prepagas o aseguradoras es recuperado”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, manifestó que “esta iniciativa es clave para mejorar el sistema de emergencias en toda la provincia, especialmente en los distritos del interior. Desde el Bloque de Unión por la Patria trabajamos para generar los consensos necesarios para que el gobernador tenga los instrumentos que necesita para garantizar el acceso a la salud en nuestra provincia”.

El objetivo del gobierno provincial es que esta empresa brinde asistencia sanitaria ante urgencias o emergencias, traslados pre-hospitalarios e inter-hospitalarios; servicios de logística y transporte de insumos críticos (sangre y hemoderivados, oxígeno, medicamentos y residuos patogénicos, entre otros), y el manejo de un sistema de información integral que garantice el funcionamiento del sistema.

La propuesta establece que los recursos provendrán de la prestación de servicios, ventas, transferencias y alquiler de equipos e implementos, además de la capitalización a partir de los bienes muebles o inmuebles que el Poder Ejecutivo le transfiera, préstamos, inversiones y de los aportes que realice el Poder Ejecutivo provincial para su puesta en marcha. La creación de la empresa apunta a hacer una activa, constante y sostenida recuperación de costos de las emergencias médicas y que el sistema de emergencias de calle sea redituable para los prestadores.

Por otro lado, la creación de un programa médico obligatorio y gratuito para la detección temprana y tratamiento integral de la endometriosis, que contaba con media sanción del senado, se convirtió en ley. La iniciativa, cuya sanción fue aplaudida desde los palcos por organizaciones que nuclean a pacientes y familiares de esta enfermedad, apuntan a dar cobertura integral a esta patología crónica que afecta al 10% de las personas menstruantes, puede ser incapacitante  y es la tercera causa de hospitalización ginecológica. En este mismo sentido se instauró el 14 de marzo como el Día de la Endometriosis en el ámbito provincial.

El Sistema Provincial para la Promoción, Protección y Apoyo de la Lactancia Materna, por otro lado, es un proyecto de las diputadas Mariana Larroque, Luciana Padulo y Micaela Olivetto que ya obtuvo media sanción en 2021 pero perdió estado parlamentario por la falta de tratamiento en el Senado. Se trata de una ley que busca “proteger y asegurar el derecho a amamantar, garantizando prácticas óptimas de nutrición segura para lactantes, así como la promoción y concientización pública”. En este sentido, la diputada Larroque subrayó que “aquellas mujeres que por distintas razones se ven impedidas de amamantar y que no pueden sostener económicamente la leche de fórmula -que fuera de la materna es la única que garantiza los nutrientes necesarios en los primeros meses de vida- deriva en bebés malnutridos, bebés con infecciones frecuentes en los primeros meses, con riesgo de vida. Entendemos que el acceso al derecho a la lactancia materna cumple una función social imprescindible y que dar la teta es profundamente político. Queremos garantizar la atención y acompañamiento del servicio de salud, que ya existe en las clínicas privadas, pero lo queremos democratizar”.

Asimismo, también por iniciativa de la diputada Padulo, se modificó la Ley 14.744, de Educación Sexual Integral, incorporando un inciso que busca también “informar y concientizar sobre educación digital, brindando herramientas para la prevención del delito de grooming", esto es, el acoso sexual por parte de adultos a niños, niñas y/o adolescentes a través de internet. 

Por otra parte, pero también con el foco puesto en las infancias, se modificó el Código Procesal Civil y Comercial. Con el fin de garantizar el derecho alimentario de niños, niñas y adolescentes en el marco de procesos judiciales por demanda de cuotas alimentarias, la modificación apunta a instrumentar mecanismos y plazos que permitan el establecimiento fehaciente de los ingresos de la persona demandada a través de la solicitud de oficios a los organismos de recaudación de impuestos. “Esto busca aportar a la resolución de un problema que es mucho más grande y que afecta a 7 de cada 10 mujeres con hijos, que los tienen a cargo y no reciben cuota alimentaria. Cuota alimentaria que, recordemos, es un derecho de los niños y las niñas. Nosotros no estamos acá sólo para legislar sino que también tenemos que ocuparnos de garantizar derechos, y eso se hace si construimos dinámicas para el acceso a esos derechos” interpeló la diputada Lucía Iañez, autora del proyecto.

Además, a instancias del diputado Diego Garciarena, se aprobó la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 27.043 que regula el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos de Espectro Autista, con el fin de armonizar la legislación y facilitar el tratamiento de los TEA. También, en este caso con autoría de Alejandra Lordén, obtuvo media sanción un proyecto que define y regula las terapias y actividades asistidas con caballos como método terapéutico y de rehabilitación en la provincia.